Nota Editorial

Escrito por Juan Carlos Varón Palomino

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La actividad académica en las facultades de derecho líderes en Colombia experimenta un saludable proceso de transformación, merced al cual gradualmente se deja atrás la época en que el quehacer se centraba primordialmente en la docencia, para pasar a otra fase, promisoria, en la que, sobre la base de programas de pregrado y postgrado de alta calidad, profesores de planta y de cátedra y jóvenes profesionales se entregan con entusiasmo a la investigación y producción de libros y publicaciones especializadas, refrescando el tratamiento de temas clásicos, introduciendo nuevas áreas de estudio y tendiendo puentes entre aquellos y éstas.

Este tránsito es indispensable para que las facultades de derecho se compenetren más a fondo con las necesidades del país, y contribuyan a identificar soluciones efectivas para las mismas, en el contexto de un mundo signado por el uso masivo de nuevas tecnologías y la globalización acelerada en todos los campos. Ello supone la proyección de dichas instituciones no solo como escuelas de formación de abogados del siglo XXI
-familiarizados con teorías clásicas y modernas, así como con las realidades y tendencias jurídicas, económicas, sociales y políticas de su tiempo, a nivel nacional e internacional, a la vez que conocedores y operadores idóneos de su sistema de derecho positivo-, sino también como verdaderos centros de pensamiento y generación de nuevos conocimientos y teorías en el vasto universo de lo jurídico.

Es en ese marco de renovación académica que la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes se complace en presentar la Revista Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, cuyo nacimiento significa varias cosas. En primer lugar, constituye un nuevo canal de publicación de artículos especializados que desde una perspectiva académica, integral, multidisciplinaria y práctica, aborda temas jurídicos aun novedosos entre nosotros, como son los relacionados con el internet, el comercio electrónico, la informática, las telecomunicaciones y en general las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). En segundo lugar, en adición a las Revistas de Derecho Privado y de Derecho Público, se constituye en la tercera revista que la Facultad deja a disposición de la comunidad académica y el público en general. Finalmente, representa el compromiso de los (as) integrantes del GECTI (Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática), de sostener en el futuro el esfuerzo que desde hace ya varios años vienen realizando, con reconocida altura, seriedad y eficacia, para convertirse en un puente de primer nivel y excelencia académica entre la Universidad y la sociedad colombiana en materia de las TICs, la Sociedad de la Información y otros temas conexos.

El GECTI constituye una línea de investigación inscrita ante COLCIENCIAS y adscrita al CIJUS (Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes), cuyos miembros han materializado en poco tiempo significativos logros, que nuestra Facultad espera ver multiplicados y replicados por otros grupos similares en los años venideros. En cumplimiento de sus objetivos, el GECTI ha publicado los libros “Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones” (Legis, junio de 2002) y “Derecho de Internet & Telecomunicaciones” (Legis, noviembre de 2003), cuyas ediciones iniciales fueron rápidamente absorbidas por un público ansioso de información actualizada y criterios orientadores en estas materias. Adicionalmente, el grupo ha realizado hasta la fecha cuatro exitosos eventos internacionales, y ha intervenido activa y permanentemente en la preparación y el debate de proyectos de ley estatutaria sometidos a consideración del Congreso de la República.

En esta oportunidad, el GECTI nos ofrece siete contribuciones en otros tantos temas de evidente importancia académica y práctica, tres de los cuales se ocupan, desde perspectivas complementarias, de estudiar las relaciones existentes entre las nuevas tecnologías y el derecho procesal en su dimensión probatoria.

Omar Rodríguez Turriago y María Consuelo Rodríguez Turriago, en su artículo titulado “CONTROL DE CONTENIDOS EN EL INTERNET: UNA REALIDAD QUE PUEDE SER VISTA COMO UNA AMENAZA”, invitan al lector a reflexionar sobre algunos aspectos jurídicos asociados con lo que es acaso el mayor mecanismo de comunicación masiva en la historia de la humanidad: el Internet. Esta poderosa herramienta tecnológica permite acceder a servicios tales como el “E-mail”, los “Mailing Lists”, el “Internet Relay Chat”, y el “World Wide Web”, mediante los cuales el usuario, desde cualquier lugar del mundo, puede recibir y enviar mensajes, obtener información y desarrollar el comercio electrónico y la actividad bancaria. Tales servicios comparten un elemento fundamental, como es la transmisión de contenido, a partir de la cual surge la discusión acerca de cuál contenido puede ser publicado o enviado a través de éste medio, y se desarrolla la intención de controlar el contenido en Internet, especialmente para proteger a los niños –p. ej., frente a material de carácter pornográfico o no adecuado para su edad y condición-, a través de regulación y con la intervención del Estado, siendo este el tema central del escrito, en el cual se analizan los problemas jurídicos inmersos en el control de contenido, habida cuenta de los intereses disímiles entre quienes son devotos de un derecho irrestricto a la libertad de expresión y al derecho a ser informado, y quienes abogan por los derechos de los niños.

Rafael Hernando Gamboa Bernate, elaboró el artículo “VALIDEZ PROCESAL DE LA INFORMACIÓN DIGITAL”, cuya finalidad es presentar la aplicación y validez de la información contenida en formato digital, frente a las normas que rigen el Derecho Procesal, para lo cual trata el funcionamiento de la información digital, las normas procesales colombianas, la aplicación de la tecnología en la Rama Judicial y el sustento normativo al uso de la tecnología, tomando como base el Código de Procedimiento Civil Colombiano.

En una línea complementaria, César Felipe Rodríguez Parra, en su artículo “DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS COMO PRUEBAS CLAVES EN LITIGIOS EMPRESARIALES”, resalta la importancia que los documentos electrónicos tienen en el comercio mundial, e ilustra su plena eficacia probatoria, señalando sus características y ventajas frente al papel, para posteriormente tratar la relevancia que aquellos tienen en las etapas probatorias, analizando algunas prácticas y estrategias para lograr éxito en su aporte en procesos judiciales y administrativos.

Como resultado de un esfuerzo colectivo, José Alejandro Mosquera González, Andrés Felipe Certain Jaramillo y Jeimy J. Cano -profesor de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes-, presentan el trabajo “EVIDENCIA DIGITAL: CONTEXTO, SITUACIÓN E IMPLICACIONES NACIONALES”, en el que analizan la situación jurídica de la evidencia digital en Colombia, desde la perspectiva de los delitos informáticos y de otras actuaciones judiciales y administrativas.

“ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL PRINCIPIO DEL EQUIVALENTE FUNCIONAL EN LA LEY 527 DE 1999”, es el título del estudio desarrollado por Andrés Felipe Umaña Chaux, en relación con este principio, de acuerdo con el cual los mensajes de datos tendrán los mismos efectos jurídicos que los medios tradicionales de prueba si cumplen con la misma función. El documento tiene como objetivo principal el análisis de la forma como la ley 527 de 1999 desarrolla dicho principio, en orden a lo cual explica la noción del equivalente funcional y sus características, analiza los artículos de la referida ley que lo consagran directamente, y ofrece algunas conclusiones sobre su aplicación e importancia en el ordenamiento jurídico nacional.

Víctor Hugo Quintero Marín, en el texto titulado “EL SPAM Y OTROS ABUSOS DEL CORREO ELECTRÓNICO”, aborda el fenómeno del “SPAM” -mensajes no deseados o “basura”-, que constituye una amenaza para el futuro de la sociedad de la información, a punto tal que ha concitado el interés de agrupaciones de derecho y organismos internacionales, que concentran esfuerzos para hallar una solución a este flagelo. Este documento ofrece al lector un marco teórico del fenómeno en cuestión, junto con una explicación del porqué y cómo afecta a los usuarios y proveedores del servicio de correo electrónico, así como un resumen de la regulación internacional expedida sobre el tema y una mirada al caso Colombiano.

Por su parte, Nelson Remolina Angarita, profesor de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, aporta su artículo “CENSOS, ENCUESTAS Y DATOS PERSONALES EN LA ERA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO”, en el que con rigor analiza los principales aspectos relacionados con la protección de datos personales en el sector público, con particular referencia al tratamiento de información personal que se recolecta con ocasión de los censos y encuestas, precisando algunos riesgos que genera el uso inadecuado de esta información y resumiendo ciertos aspectos fundamentales relacionados con la regulación internacional del dato estadístico y la reserva estadística, concluyendo con algunas sugerencias para el caso colombiano.

Finalmente, en el apartado de “DOCUMENTOS GECTI”, obra el Documento GECTI 02 del 14 de julio de 2004: “Necesidad de regulación del derecho fundamental al habeas data (protección de los datos personales de los colombianos)”, remitido al Señor Presidente de la República.

Con el ánimo de publicar artículos de excelencia académica, y en desarrollo de la política fijada por el Consejo Editorial de la nueva revista –que sigue la política adoptada de tiempo atrás para otras revistas de la Facultad-, y de los criterios establecidos por COLCIENCIAS, todos los artículos arriba mencionados fueron sometidos a evaluación de pares externos o “árbitros competentes y anónimos”, quienes certifican la originalidad y la calidad de los escritos. Adicionalmente, los textos publicados fueron objeto de comentarios y sesiones de trabajo en varias tertulias académicas que organizó el GECTI con la participación de los autores.

Finalmente, como sello de excelencia académica, la Revista cuenta con el apoyo de un Consejo Editorial conformado por destacados profesionales y académicos nacionales e internacionales, que nos honran con su participación en este esfuerzo editorial, como son: Mariliana Rico Carrillo (Universidad Carlos III de Madrid); Julio Téllez Valdez (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. México), Fernando J Barrio, (London Metropolitan University); Sergio Michelsen Jaramillo, Felipe Rubio Torres y Jeimy J Cano Martínez, los dos últimos profesores de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

La actividad académica en las facultades de derecho líderes en Colombia experimenta un saludable proceso de transformación, merced al cual gradualmente se deja atrás la época en que el quehacer se centraba primordialmente en la docencia, para pasar a otra fase, promisoria, en la que, sobre la base de programas de pregrado y postgrado de alta calidad, profesores de planta y de cátedra y jóvenes profesionales se entregan con entusiasmo a la investigación y producción de libros y publicaciones especializadas, refrescando el tratamiento de temas clásicos, introduciendo nuevas áreas de estudio y tendiendo puentes entre aquellos y éstas.

Este tránsito es indispensable para que las facultades de derecho se compenetren más a fondo con las necesidades del país, y contribuyan a identificar soluciones efectivas para las mismas, en el contexto de un mundo signado por el uso masivo de nuevas tecnologías y la globalización acelerada en todos los campos. Ello supone la proyección de dichas instituciones no solo como escuelas de formación de abogados del siglo XXI
-familiarizados con teorías clásicas y modernas, así como con las realidades y tendencias jurídicas, económicas, sociales y políticas de su tiempo, a nivel nacional e internacional, a la vez que conocedores y operadores idóneos de su sistema de derecho positivo-, sino también como verdaderos centros de pensamiento y generación de nuevos conocimientos y teorías en el vasto universo de lo jurídico.

Es en ese marco de renovación académica que la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes se complace en presentar la Revista Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, cuyo nacimiento significa varias cosas. En primer lugar, constituye un nuevo canal de publicación de artículos especializados que desde una perspectiva académica, integral, multidisciplinaria y práctica, aborda temas jurídicos aun novedosos entre nosotros, como son los relacionados con el internet, el comercio electrónico, la informática, las telecomunicaciones y en general las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). En segundo lugar, en adición a las Revistas de Derecho Privado y de Derecho Público, se constituye en la tercera revista que la Facultad deja a disposición de la comunidad académica y el público en general. Finalmente, representa el compromiso de los (as) integrantes del GECTI (Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática), de sostener en el futuro el esfuerzo que desde hace ya varios años vienen realizando, con reconocida altura, seriedad y eficacia, para convertirse en un puente de primer nivel y excelencia académica entre la Universidad y la sociedad colombiana en materia de las TICs, la Sociedad de la Información y otros temas conexos.

El GECTI constituye una línea de investigación inscrita ante COLCIENCIAS y adscrita al CIJUS (Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes), cuyos miembros han materializado en poco tiempo significativos logros, que nuestra Facultad espera ver multiplicados y replicados por otros grupos similares en los años venideros. En cumplimiento de sus objetivos, el GECTI ha publicado los libros “Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones” (Legis, junio de 2002) y “Derecho de Internet & Telecomunicaciones” (Legis, noviembre de 2003), cuyas ediciones iniciales fueron rápidamente absorbidas por un público ansioso de información actualizada y criterios orientadores en estas materias. Adicionalmente, el grupo ha realizado hasta la fecha cuatro exitosos eventos internacionales, y ha intervenido activa y permanentemente en la preparación y el debate de proyectos de ley estatutaria sometidos a consideración del Congreso de la República.

En esta oportunidad, el GECTI nos ofrece siete contribuciones en otros tantos temas de evidente importancia académica y práctica, tres de los cuales se ocupan, desde perspectivas complementarias, de estudiar las relaciones existentes entre las nuevas tecnologías y el derecho procesal en su dimensión probatoria.

Omar Rodríguez Turriago y María Consuelo Rodríguez Turriago, en su artículo titulado “CONTROL DE CONTENIDOS EN EL INTERNET: UNA REALIDAD QUE PUEDE SER VISTA COMO UNA AMENAZA”, invitan al lector a reflexionar sobre algunos aspectos jurídicos asociados con lo que es acaso el mayor mecanismo de comunicación masiva en la historia de la humanidad: el Internet. Esta poderosa herramienta tecnológica permite acceder a servicios tales como el “E-mail”, los “Mailing Lists”, el “Internet Relay Chat”, y el “World Wide Web”, mediante los cuales el usuario, desde cualquier lugar del mundo, puede recibir y enviar mensajes, obtener información y desarrollar el comercio electrónico y la actividad bancaria. Tales servicios comparten un elemento fundamental, como es la transmisión de contenido, a partir de la cual surge la discusión acerca de cuál contenido puede ser publicado o enviado a través de éste medio, y se desarrolla la intención de controlar el contenido en Internet, especialmente para proteger a los niños –p. ej., frente a material de carácter pornográfico o no adecuado para su edad y condición-, a través de regulación y con la intervención del Estado, siendo este el tema central del escrito, en el cual se analizan los problemas jurídicos inmersos en el control de contenido, habida cuenta de los intereses disímiles entre quienes son devotos de un derecho irrestricto a la libertad de expresión y al derecho a ser informado, y quienes abogan por los derechos de los niños.

Rafael Hernando Gamboa Bernate, elaboró el artículo “VALIDEZ PROCESAL DE LA INFORMACIÓN DIGITAL”, cuya finalidad es presentar la aplicación y validez de la información contenida en formato digital, frente a las normas que rigen el Derecho Procesal, para lo cual trata el funcionamiento de la información digital, las normas procesales colombianas, la aplicación de la tecnología en la Rama Judicial y el sustento normativo al uso de la tecnología, tomando como base el Código de Procedimiento Civil Colombiano.

En una línea complementaria, César Felipe Rodríguez Parra, en su artículo “DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS COMO PRUEBAS CLAVES EN LITIGIOS EMPRESARIALES”, resalta la importancia que los documentos electrónicos tienen en el comercio mundial, e ilustra su plena eficacia probatoria, señalando sus características y ventajas frente al papel, para posteriormente tratar la relevancia que aquellos tienen en las etapas probatorias, analizando algunas prácticas y estrategias para lograr éxito en su aporte en procesos judiciales y administrativos.

Como resultado de un esfuerzo colectivo, José Alejandro Mosquera González, Andrés Felipe Certain Jaramillo y Jeimy J. Cano -profesor de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes-, presentan el trabajo “EVIDENCIA DIGITAL: CONTEXTO, SITUACIÓN E IMPLICACIONES NACIONALES”, en el que analizan la situación jurídica de la evidencia digital en Colombia, desde la perspectiva de los delitos informáticos y de otras actuaciones judiciales y administrativas.

“ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL PRINCIPIO DEL EQUIVALENTE FUNCIONAL EN LA LEY 527 DE 1999”, es el título del estudio desarrollado por Andrés Felipe Umaña Chaux, en relación con este principio, de acuerdo con el cual los mensajes de datos tendrán los mismos efectos jurídicos que los medios tradicionales de prueba si cumplen con la misma función. El documento tiene como objetivo principal el análisis de la forma como la ley 527 de 1999 desarrolla dicho principio, en orden a lo cual explica la noción del equivalente funcional y sus características, analiza los artículos de la referida ley que lo consagran directamente, y ofrece algunas conclusiones sobre su aplicación e importancia en el ordenamiento jurídico nacional.

Víctor Hugo Quintero Marín, en el texto titulado “EL SPAM Y OTROS ABUSOS DEL CORREO ELECTRÓNICO”, aborda el fenómeno del “SPAM” -mensajes no deseados o “basura”-, que constituye una amenaza para el futuro de la sociedad de la información, a punto tal que ha concitado el interés de agrupaciones de derecho y organismos internacionales, que concentran esfuerzos para hallar una solución a este flagelo. Este documento ofrece al lector un marco teórico del fenómeno en cuestión, junto con una explicación del porqué y cómo afecta a los usuarios y proveedores del servicio de correo electrónico, así como un resumen de la regulación internacional expedida sobre el tema y una mirada al caso Colombiano.

Por su parte, Nelson Remolina Angarita, profesor de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, aporta su artículo “CENSOS, ENCUESTAS Y DATOS PERSONALES EN LA ERA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO”, en el que con rigor analiza los principales aspectos relacionados con la protección de datos personales en el sector público, con particular referencia al tratamiento de información personal que se recolecta con ocasión de los censos y encuestas, precisando algunos riesgos que genera el uso inadecuado de esta información y resumiendo ciertos aspectos fundamentales relacionados con la regulación internacional del dato estadístico y la reserva estadística, concluyendo con algunas sugerencias para el caso colombiano.

Finalmente, en el apartado de “DOCUMENTOS GECTI”, obra el Documento GECTI 02 del 14 de julio de 2004: “Necesidad de regulación del derecho fundamental al habeas data (protección de los datos personales de los colombianos)”, remitido al Señor Presidente de la República.

Con el ánimo de publicar artículos de excelencia académica, y en desarrollo de la política fijada por el Consejo Editorial de la nueva revista –que sigue la política adoptada de tiempo atrás para otras revistas de la Facultad-, y de los criterios establecidos por COLCIENCIAS, todos los artículos arriba mencionados fueron sometidos a evaluación de pares externos o “árbitros competentes y anónimos”, quienes certifican la originalidad y la calidad de los escritos. Adicionalmente, los textos publicados fueron objeto de comentarios y sesiones de trabajo en varias tertulias académicas que organizó el GECTI con la participación de los autores.

Finalmente, como sello de excelencia académica, la Revista cuenta con el apoyo de un Consejo Editorial conformado por destacados profesionales y académicos nacionales e internacionales, que nos honran con su participación en este esfuerzo editorial, como son: Mariliana Rico Carrillo (Universidad Carlos III de Madrid); Julio Téllez Valdez (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. México), Fernando J Barrio, (London Metropolitan University); Sergio Michelsen Jaramillo, Felipe Rubio Torres y Jeimy J Cano Martínez, los dos últimos profesores de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.